Preocupante disminución de áreas de siembra en el país
Fuente: Diario La Economía
La producción doméstica de maíz en nuestro país venía creciendo al 5.33% promedio anual en el último quinquenio, al pasar de 1’476.673 toneladas en el 2018 a 1’949.538 totalizadas en 2023, lo que arroja un incremento acumulado del 32% de producción local en estos últimos cinco años.
Pero en este primer semestre agrícola del año la situación cambió. Las áreas sembradas en maíz blanco tecnificado se vieron disminuidas en un 34% al pasar de 42.871 a 28.422 hectáreas establecidas; en el maíz amarillo tecnificado también se redujeron un 25% (de 63.864 ha a 48.567) y un 14% menos área en soya (de 75.000 ha en el semestre A de 2023 a 64.395 actuales).
Aunque las cantidades y rendimientos no habían logrado consolidar aún el verdadero potencial productivo de estos cultivos agroalimentarios en nuestro país, si se venía demostrando a través de varias regiones y semestres que era posible sostenernos en un umbral competitivo para ir sustituyendo progresivamente las importaciones de maíz y soya con miras a reconstruir las cadenas de suministro desde lo local e ir atendiendo los requerimientos del mercado interno. Veníamos teniendo un entorno favorable de precios en 2021 y 2022 pero ahora esta situación adversa del 2024 nos aleja por un tiempo de ese propósito, principalmente porque prevalecen condiciones inequitativas de competencia que es necesario ajustar, no solo en los acuerdos comerciales entre países sino también entre el sector agro y el sector pecuario y en los mismos encadenamientos productivos que protegen más al producto terminado que al productor primario; nos afecta el alto valor comparativo de los insumos; la alta dependencia de insumo externo (semillas y fertilizantes); el alto costo de los combustibles que tiene que ver no solo con fletes sino con todas las labores mecanizadas; la inflación y el alto costo del crédito, entre otros factores que tenemos que asumir como costo-país, aunado al factor climático, la incertidumbre política, la inseguridad jurídica de la tierra y el estancamiento de la demanda, todo lo cual redunda en que se frene el esperado crecimiento de la inversión en este renglón agrícola para la tan cacareada reactivación del campo, la generación de empleo rural, de riqueza y la reactivación económica de nuestro país.
La disminución de áreas de siembra estrecha las oportunidades de ingreso de las familias que venían sobreviviendo con esta actividad productiva de sembrar y cosechar comida. El empleo rural, que es más difícil de generar por el nivel de escolaridad se deteriora. El cultivo de maíz venía generando alrededor de 145.000 empleos directos en el primer semestre y la soya unos 51.500 empleos, los cuales en este ciclo agrícola decrecieron un 35% y un 14% respectivamente, en comparación con el semestre A del 2023.
Los productores agrícolas cada vez más tomamos decisiones mejor informados y le hacemos cálculos al negocio de invertir nuestro capital al sol y al agua. En este subsector agroalimentario del maíz nos hemos visto afectados en la disminución de un 20% en los precios internacionales (de Junio 2023 a Junio 2024), una proporción similar a la caída en la tasa de cambio que abarata las importaciones; incorporamos al costo la subida de los combustibles y el incremento salarial y seguimos enfrentando una situación climática adversa sin percibir ninguna acción concreta de intervención por parte del gobierno.
En repetidas ocasiones hemos llamado la atención infructuosamente del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural para seguir implementando instrumentos de manejo del riesgo similares a los que cuentan los países con que competimos (coberturas de precio internacional y de tasa de cambio), la necesidad de dotar a las regiones de bienes públicos para la postcosecha (secamiento y acopio) o de facilitar aún más su financiación privada para almacenar y agroindustrializar nuestros productos; generar condiciones de mayor equidad en la comercialización de estos granos básicos agroalimenticios, adecuar o ajustar las condiciones de competitividad para proteger el empleo y el ingreso del productor rural y mejorar la participación de la producción local en la demanda de maíz en el país y con ello mejorar las condiciones sociales de nuestros campesinos y/o comunidades agrarias que solo saben cultivar la tierra y con ello contribuir a reducir el elevado gasto de divisas invertido anualmente en importaciones de alimentos que bien se podrían producir mayormente en nuestro país.
Seguimos resistiendo, seguiremos haciendo patria y contribuyendo a la paz social desde nuestros campos. Somos unos convencidos que la paz como la comida viene del campo a la ciudad. No vamos a desaparecer porque tenemos el firme compromiso de contribuir a alimentar a nuestras familias y a nuestros conciudadanos. Seguiremos siendo «masoquistas» hasta salir avante y sacar adelante a nuestro país. Fortalezcamos nuestro gremio, que juntos posibilitaremos las condiciones para salir a flote.
