Golpe a la infraestructura por líos en Presupuesto de 2024

Luego de que Portafolio destapó que el Gobierno no discriminó $13 billones en los rubros de inversión de cuatro entidades para 2024, y que por ello más de 100 proyectos quedaron sin seguridad sobre los recursos que deben recibir este año, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, reconoció que es parte de un “ejercicio de priorización” que les ordenó el presidente Gustavo Petro.

El funcionario puso como ejemplo la primera línea del Metro de Bogotá, proyecto que no tendría este año los $776.000 millones que se aprobaron en el Plan Operativo Anual de Inversiones (POAI. “Con el Metro (de Bogotá) hay una discusión, que la planteó su mismo Gerente, diciendo que hay retrasos. Los recursos están asegurados, nunca se le ha quitado el nivel de importancia estratégica. Lo que hay que examinar es si lo que está previsto para este año debería entregarse, dado el nivel de retraso de la obra”, explicó el funcionario.

Luego reveló que esto hace parte de una revisión para determinar qué tanto han avanzado obras como esta o las concesiones viales de cuarta generación, y comenzar una renegociación de las vigencias futuras, en función de su grado de avance y de “qué es lo que van a necesitar este año”.

Se trata de un giro radical que prende una alerta máxima sobre los proyectos, su ejecución y su financiación, ya que se estructuraron bajo el compromiso de que tendrían un flujo de dinero dentro del Presupuesto General de la Nación de cada año.

Según expertos, las vigencias futuras no es un tema con el que se pueda jugar, ya que constituyen una prenda de garantía de cara a la confianza e incumplirlas le traería serias consecuencias al país. Una de las primeras reacciones fue la de Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de Infraestructura (CCI), quien pidió que se expida con urgencia el decreto que desagrega los $13 billones que actualmente se encuentran en partidas globales y se dé un parte de tranquilidad con los compromisos adquiridos.

Esto para “garantizar la buena marcha de obras estratégicas para la conectividad. De igual manera, en aras de superar la parálisis de proyectos vitales, es esencial honrar el compromiso soberano de las vigencias futuras ya asignadas a iniciativas como, por ejemplo, Mulaló-Loboguerrero”.

De hecho, según la CCI, la parálisis ya es visible en varios programas de mantenimiento rutinario a cargo del Invías, lo cual ha dejado sin trabajo a 2.600 microempresarios del sector. Además, ya fueron suspendidos procesos licitatorios de microempresas y administradores viales, cuyo monto para 2024 es de $267.000 millones al no poderse ratificar las vigencias futuras. “El Invías no puede sacar ninguna licitación pública para el mantenimiento periódico de carreteras nacionales no concesionadas porque no cuenta con los certificados de disponibilidad presupuestal (CDP) para abrir las licitaciones”, enfatizó la CCI.

Para entender la importancia de este mecanismo, Juan Benavides, investigador asociado de Fedesarrollo, explicó que son promesas de pago que utilizan las concesiones para obtener financiación por parte de bancos y otras entidades, con miras a desarrollar las obras que les contratan.

Cambio sería ilegal

“Los proyectos de Alianza Público Privada se financian con aportes patrimoniales y una deuda  obtenida en los mercados de bonos o por la banca comercial de desarrollo”, dijo. Explicó que las concesiones se remuneran de dos maneras: con peajes o, cuando estos son insuficientes para recuperar la inversión y gastos de operación y mantenimiento, con aportes estatales llamados vigencias futuras.

Agregó que esas vigencias se definen en entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura o Findeter, y quedan “amarradas” al Presupuesto General de la Nación, por lo que cambiar su destinación es “ilegal”, ya que no son de libre asignación.

Fuentes oficiales que pidieron reserva revelaron que este ha sido el malestar entre técnicos del Ministerio de Hacienda y Planeación Nacional, quienes califican de “suicidio institucional” lo que se quiere hacer, ya que le terminaría costando mucho a Colombia.

El exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, advirtió que esto abriría la puerta a una ofensiva jurídica contra el Gobierno, que podría acabar en litigios que se pierdan. “No sacarían plata sino que (con alta probabilidad), les costaría más”, dijo.

Vale recordar que, en el documento Conpes 3760 de 2013 se proyectó que el flujo máximo de vigencias futuras entre 2020 y 2044 es de 0,4% del PIB, dejando claro que son asignaciones que no se cambian. Los analistas también coinciden en que al tocar las vigencias futuras se está golpeando un esquema que funciona y que hay que tener en cuenta que los dineros que no se entregan implicarían para los concesionarios y sus empresas incumplir el pago de la financiación y que se les cierre la puerta al crédito.

Para Andrés Moreno Jaramillo, experto financiero, “renegociar las obligaciones, todo lo que sea cambiar las condiciones, y más en un escenario de improvisación, de mal manejo técnico y profesional, de mal liderazgo y de pésima ejecución”, terminará espantando la inversión extranjera.

Hay mucho por renegociar

Otro experto que habló con Portafolio sobre este tema fue el profesor de la Universidad Javeriana, Jorge Restrepo, quien advirtió que no se puede pasar por alto que todo “contrato de concesión tiene cláusulas de renegociación” y que si hay voluntad, se podrían establecer nuevas condiciones.

“Sin embargo, hay varios problemas que renegociar en este caso. En primer lugar, hay muchos contratos en esos rubros presupuestales para poderlos renegociar y dudo mucho que el Gobierno Nacional tenga la capacidad de renegociar simultáneamente todos esos contratos”, sostuvo.

Adicional dijo que si no se logra renegociar los contratos antes de que se llegue al momento de término de los pagos, se estaría cesando este compromiso y se podría tomar como un incumplimiento en el tema.